La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este miércoles atrasar un día, al 1 de junio, su declaración ante la Fiscalía, que ha citado a la mandataria para que responda en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.
La defensa de la presidenta hizo este pedido porque en la fecha propuesta por el Ministerio Público, el 31 de mayo, se va a llevar a cabo el simulacro nacional multipeligro.
“De ese modo, solicito reprograme la diligencia para el día siguiente, 1 de junio de 2023, a fin de que dicha diligencia se lleve a cabo de forma ininterrumpida y se garantice el pleno ejercicio de mi derecho a la defensa”, indicó el abogado de la jefa de Estado, Joseph Campos, en el canal estatal TVPerú.
Añadió que resulta “deteriorante para la imagen presidencial tener esta investigación”, pero que la presidenta va a colaborar con la Fiscalía.
“Estamos insistiendo para que esto tenga una definición y que, en definitiva, alentemos e impulsemos que cada poder que tiene a su cargo la investigación de estas lamentables muertes haga su tarea, para que ocurra investigación, sanción y reparación en los casos que corresponda”, dijo la defensa.
Poco después, el primer ministro, Alberto Otárola, confirmó este pedido de cambio de fecha porque el 31 de mayo, la presidenta tiene que dirigir “por ley” el gran simulacro de sismos a nivel nacional.
“La presidenta de la República no va a hacer uso de ningún derecho al silencio. Ella va a decir lo que tenga que decir en un tema que es además absolutamente claro para ella, para los ministros y para los millones de peruanos”, dijo Otárola.
Este miércoles se hizo público que la citación de la Fiscalía ha sido programada para el próximo miércoles 31, información confirmada por Campos, quien dijo que esperan “con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración”.
La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del presidente del primer ministro, Alberto Otárola.
En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.