Canadá impuso este miércoles 14 de julio sanciones financieras a 15 funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, por “las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país”.
Estas sanciones se suman a las que el país norteamericano había implementado hace dos años contra otros nueve funcionarios y a las anunciadas en junio por su vecino, Estados Unidos.
“Desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia de Estado contra las manifestaciones públicas y la neutralización de toda oposición política”, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Marc Garneau, en un comunicado.
Canada is imposing sanctions on Nicaraguan officials in response to human rights violations and refusal to take steps to ensure free and fair elections.
— Marc Garneau (@MarcGarneau) July 14, 2021
We stand with the people of #Nicaragua in their call for a just and peaceful future.
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Las sanciones incluyen la congelación de activos de los afectados, así como la prohibición de transacciones en Canadá o con empresas canadienses.
Además de la hija del presidente, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, integran la lista el presidente del Banco Central, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez; el diputado Edwin Ramón Castro Rivera; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar.
“Pedimos a las autoridades nicaragüenses que liberen a los detenidos injustamente y que respeten el estado de derecho y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, declaró el ministro canadiense.
Un total de 26 opositores del gobierno de Ortega, entre ellos seis precandidatos presidenciales, han sido detenidos desde principios de junio, cuando restan unos meses para las elecciones.
Ortega, de 75 años, quien se espera que se postule para un cuarto mandato consecutivo, dice que los opositores arrestados no son ni “candidatos” ni “políticos”, sino “criminales” que buscan derrocarlo con apoyo financiero de Estados Unidos.
