Alrededor de una pila de cuerpos a punto de arder, alguien se percata de un movimiento. “¡Está vivo!”, dice un recluso y apunta hacia la hoguera. Así, entre sombras, se consumaba una nueva matanza en la principal cárcel de Guayaquil.
En la noche del viernes al sábado, los presos de un bloque salieron de sus celdas para aniquilar a los de una banda rival de otro pabellón. Fue una feroz lucha a bala, explosivos y machetazos, según autoridades e internos que grabaron o transmitieron en vivo la revuelta que dejó 68 muertos.
Una auténtica “barbarie”, la llamó el gobierno.
En uno de los videos virales, varios hombres rodean cadáveres apilados y comienzan a prenderles fuego. Es cuando uno avisa al resto de que alguien sigue con vida. Entonces por detrás aparece un recluso y la emprende a machetazos contra el supuesto sobreviviente.
En lo corrido del año han muerto más de 320 presos, en una crisis sin precedentes que transformó a un país otrora pacífico en un teatro de crueldad donde se han cometido las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.
¿Cómo llegó Ecuador hasta aquí? Los expertos dan pistas.
Cárceles sobrepobladas sin vigilancia
Ecuador cuenta con 65 prisiones para 30 mil reclusos, pero la población carcelaria ronda los 39 mil presos, un 30% más de su capacidad.
En la penitenciaria Guayas 1, donde se dio la masacre, hay 8 mil 500 internos y una sobrepoblación del 60%.
La crisis carcelaria venía incubándose hace “varios años”, pero solo ahora se nota “esta ausencia estatal” por la “disminución del presupuesto para la atención” de los reos, afirma a la AFP Fernando Carrión, experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Al mismo tiempo, la seguridad dentro de las prisiones pasó de la policía al SNAI, un órgano autónomo que se ocupa de la vigilancia con civiles formados como guías penitenciarios. “La administración del sistema es precaria”, remarca el especialista.
Un mes antes de que se produjera la masacre de septiembre con más de cien víctimas, el entonces director del SNAI, Fausto Cobo, lanzó la alerta: el sistema cuenta apenas con mil 500 guardias y se necesitan unos 4 mil 500 para prestar seguridad a las penitenciarias.
‘Necropolítica’
Las brutales imágenes del fin de semana dan cuenta del caos en las prisiones pese al estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo.
“Creemos que el que está fallando es el Estado como estructura al no entender al crimen, al no entender la violencia y al desentenderse también de la cuestión penitenciaria”, comenta a la AFP la abogada Vianca Gavilanes, de la Fundación Dignidad, que defiende los derechos humanos de reclusos.
Además de la responsabilidad de los últimos gobiernos, está la del Congreso, que endureció en 2014 las normas que permitían a los presos dejar las cárceles y continuar con prisión domiciliaria hasta el término de su condena.
El sistema judicial tampoco ayuda porque “deja los procesos en incertidumbre”, señala Gavilanes, al referirse a los presos sin sentencia y que han muerto en las revueltas.
De acuerdo con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la población carcelaria pasó de 20 mil 800 reclusos en 2012 a casi 39 mil en 2021, y de ellos al menos 15 mil están sin sentencia.
Según la abogada Gavilanes, hay en este fenómeno de inseguridad carcelaria una suerte de “necropolítica”: los muertos “solo son cifras, solo son datos, no son personas. Eso es lo que se ha visto repetitivamente en todas las masacres carcelarias”.
