La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió protección para 16 opositores presos, entre ellos la belga-nicaragüense Amaya Coppens, ante la situación de “gravedad y urgencia” que viven, según la resolución emitida este viernes 27 de diciembre en Washington, D. C.
La comisión considera que “los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás detenidos se encuentran en situación de gravedad y urgencia”, dijo la comisión.
El 14 de noviembre, 13 de los presos fueron detenidos tras entregar agua y medicamentos a un grupo de 11 mujeres que estaban en huelga de hambre en una iglesia para exigir la libertad de parientes detenidos. Los otros tres fueron capturados en sus casas, según familiares y organismos de derechos humanos locales.
Los detenidos están encerrados en celdas pequeñas de cemento, sin colchones o almohadas, sufren malos tratos, agresiones o amenazas y carecen de atención médica, denunció la CIDH.
El Gobierno de Nicaragua aún no dado respuesta a las solicitudes de información de la comisión.
La fiscalía acusó a los detenidos de “tráfico ilícito de armas” y la policía les presentó como una banda criminal que pretendía llevar a cabo atentados en edificios públicos, agregó el escrito.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamó al Gobierno de Nicaragua a que “garantice el derecho a la vida, integridad personal y salud” de los beneficiarios de dichas medidas cautelares.
Coppens, de 25 años, fue detenida con otros 12 opositores el 14 de noviembre, cuando intentaba llevar agua a 11 mujeres que hacían una huelga de hambre en una iglesia de la ciudad de Masaya (sur) para pedir la libertad de más de 150 manifestantes.
Esta fue la segunda encarcelación de la líder estudiantil. Coppens fue detenida anteriormente durante las manifestaciones de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega y fue liberada en junio pasado bajo una polémica amnistía.
Familiares y organismos de derechos humanos estiman que más de 150 personas están detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero las autoridades niegan que hayan presos políticos.