El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ordenó este domingo una investigación sobre la explotación ilegal de una mina de oro dentro de una base militar del noroeste del país por parte de la banda criminal Clan del Golfo, con un enorme daño ambiental.
Al argumentar “cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales”, el ministro señaló que no se tolerará “ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales”, ni se admitirán “omisiones” en el cumplimiento del deber institucional de combatir la minería ilegal.
La denuncia de este caso, que parece sacado de la fértil imaginación del escritor Gabriel García Márquez y su realismo mágico, se conoció este domingo por un reportaje del periodista Federico Ríos publicado por el diario The New York Times.
Según la publicación, la mina ‘La Mandinga’, operada por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, se extiende dentro del Batallón Militar Rifles, en el departamento de Antioquia, pues imágenes aéreas muestran que la explotación de oro llega “hasta unos 137 metros de la piscina privada y las dependencias de la base”.
El reportaje agrega: “Tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base”, pero cuando vio las pruebas dijo estar sorprendido “y prometió tomar medidas enérgicas”.
“En respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, he ordenado una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”, manifestó el ministro en un comunicado.
Sánchez agregó que “si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.
La Séptima División del Ejército aseguró en un comunicado que el área conocida como finca ‘La Mandinga’, ubicada en límites del Batallón de Infantería No. 31 Rifles y bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha sido ocupada ilegalmente por entre 2,000 y 2,500 mineros informales que explotan yacimientos sin título.
“Desde 2022 el Ejército ha denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) los daños ambientales causados por estas actividades y ha realizado más de 20 intervenciones en la zona, con destrucción de maquinaria”, indica el comunicado.
La institución añadió que estas operaciones han generado reacciones violentas, como bloqueos e intentos de asonada, y anunció nuevas acciones penales contra quienes continúen con la explotación ilícita.
El ministro subrayó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la minería ilegal y dijo que este año se han hecho operaciones en alrededor de 2,500 minas ilegales y destruido cerca de 1,000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal.