La encargada de la comisión parlamentaria que investiga los actos violentos del 8 de enero en Brasilia, la senadora Eliziane Gama, ha propuesto en su informe final la acusación de 61 personas, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, por alentar los ataques que se produjeron aquel día contra las instituciones.
El informe presentado por Gama este martes ante el Senado señala que Bolsonaro y su entorno eran conscientes de las intentonas golpistas de las miles de personas que se concentraron en los alrededores de la Plaza de los Tres Poderes durante días y que, a pesar de ello, no hicieron nada para evitarlo.
“Comprendían la violencia y el alcance de las manifestaciones. Frecuentaban los mismos grupos en redes sociales. Estimulaban y alimentaban la rebeldía y la satisfacción. Ponían deliberadamente más leña al fuego que ellos habían encendido”, dice el informe, en el que también se acusa al Ejército de “omisión”.
En lo que respecta a Bolsonaro, la senadora Gama propone que sea acusado de un total de cuatro delitos: asociación para delinquir, intento de abolición violenta del Estado de derecho, intento de tumbar un gobierno legítimamente elegido y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de derechos políticos.
Además de Bolsonaro, el informe señala a exministros como el de Justicia Anderson Torres, los de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, el de Interior Luiz Eduardo Ramos, o el jefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, todos ellos militares; así como a la polémica diputada Carla Zambelli.
Asimismo, se pide la imputación también de varios militares de alto rango, como los excomandantes de la Marina Almir Garnier Santos y de Ejército Marco Antonio Freire Gomes, y del que fuera el principal ayudante de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, inmerso en varias de las tramas que afectan al expresidente brasileño.
El documento, que consta de más de mil páginas, será ahora analizado y sometido a votación este miércoles. Para ser aprobado deberá contar con los votos de la mayoría de los miembros de la comisión de investigación, lo que está previsto que suceda puesto que cuenta con predominio de aliados del actual Gobierno.
Después será enviado para diferentes organismos que se encargarán de analizarlo y presentar las denuncias correspondientes en caso de así considerarlo, entre ellas instituciones policiales, la Fiscalía, o la Abogacía del Estado.
