Los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) dijeron este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro “ha dado un paso de no retorno hacia el autoritarismo y formas muy peligrosas de terrorismo de Estado” tras las presidenciales -cuyo resultado oficial dio la victoria al mandatario- desencadenó protestas en todo el país que dejaron 25 muertos, unas 200 personas heridas y más de 2.400 detenidos.
“La aguda crisis política en Venezuela ha dejado al descubierto el carácter reaccionario del Gobierno-PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), que ha dado un paso de no retorno hacia el autoritarismo y formas muy peligrosas de terrorismo de Estado”, dijo a través de una nota el PCV, formación intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Asimismo, denunció que, tras las elecciones, ha habido “detenciones de menores de edad, mujeres y personas con discapacidad”, “requisas arbitrarias y humillantes en las calles”, “allanamientos ilegales a viviendas y robo de pertenencias”, así como la “anulación de pasaportes”.
“Esta política de terror ha sido alimentada con operaciones psicológicas y de propaganda” que -aseguró el PCV- busca “neutralizar las protestas populares”.
La reelección de Maduro se concretó después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el triunfo del mandatario, posteriormente convalidado por el TSJ, sin todavía publicar los resultados desagregados, como establece el cronograma del proceso de comicios, tras un mes de las presidenciales.
La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen, que avala con la publicación, en una página web, del “83.5% de las actas electorales” recopiladas por testigos y miembros de mesa la noche de las elecciones, documentos que han sido respaldados por varios países y organizaciones internacionales, y rechazados por el Gobierno.
El Ejecutivo desestima las actas divulgadas por la oposición y responsabiliza al líder de la PUD y a su principal valedora, María Corina Machado, de las muertes registradas durante las protestas, así como de los hechos de “violencia” que causaron daños materiales en varios sitios públicos.