La Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, a la que se le atribuyen 62 homicidios el sábado.
“Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, consigna el decreto aprobado por 67 de 84 diputados con los que cuenta el Parlamento.
La decisión del Legislativo, controlado por el oficialismo, entre otros derechos restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial. Ahora, debe ser promulgada por Bukele.
La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, tras afirmar que lamenta el “sábado negro” que sufrió el país, consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería”, por lo que abogó mantenerse “en el respeto irrestricto de los derechos individuales” de la población.
Bukele, quien pidió de urgencia al Congreso tomar la decisión, aseguró que “todo (fue) dentro del marco constitucional” por lo que “no hay nada que alegar en contra”.
El joven político hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
Una jornada sangrienta
“Este sábado 26 de marzo ha cerrado con 62 homicidios en el país”, consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC). “No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos”, agregó.
Según el balance oficial, el central departamento de la Libertad registró 12 homicidios, seguido por la capital San Salvador y el departamento de Ahuachapán (oeste), con nueve cada uno. El resto de asesinatos se distribuyen en los restantes 11 departamentos del país.
La Constitución salvadoreña establece que el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.
