La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), ratificó este miércoles una reforma constitucional que elimina la financiación de campañas de los partidos políticos mediante un mecanismo exprés de cambios a la Carta Magna.
La reforma fue aprobada el 12 de febrero pasado, y su ratificación se aprobó con 57 votos de los 60 diputados, todos de NI y sus aliados.
La enmienda, que fue impulsada por el presidente, Nayib Bukele, y secundada por su partido, establece la derogación del artículo 210 de la Constitución, que reconoce “la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”.
El oficialismo ha justificado la derogación en que los recursos utilizados para la financiación de las campañas de los partidos “deben ser destinados para atender las necesidades más urgentes”, como salud y educación.
“Subsidiar a los partidos políticos resulta en un uso ineficiente del dinero público” y “genera rechazo hacia el sistema político y sus instituciones, debilitando la democracia”, reza uno de los decretos votados.
La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, criticó a los diputados del oficialismo y señaló que esta reforma “es una distracción”, porque lo que se busca es “concentrar el poder”.
“Aquí el fondo del asunto es querer concentrar más el poder y querer cambiar la Constitución a su antojo”, dijo a periodistas.
De acuerdo con Ortiz, solo el partido oficialista ha recibido más de 27 millones de dólares de esta deuda política y ha pedido que devuelvan estos recursos al Estado.
La iniciativa de Bukele ha sido catalogada como una “cortina de humo” tras la caída de su imagen, ya que el mandatario ha recibido su nota más baja desde que llegó al poder en 2019.
Según lo señala una encuesta de la privada Universidad Francisco Gavidia (UFG), la población aprobó la gestión de Bukele en 2024 con una nota de 7,73 en una escala de 0 a 10.
Dicha baja es atribuida a la reversión de la prohibición minera para permitir esta práctica en el país, aprobada por el órgano Legislativo y propuesta por Bukele.