Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial, entre en vigencia mientras ese tribunal lo examina.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Este tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos -primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios- el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.
El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.
El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha argumentado que la SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.
“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, entre otros factores, detalló en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.
La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara bloquearla temporalmente.
De entrar en vigencia la ley, las policías a nivel estatal, de condado y local estarían autorizados para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.
La medida convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.
Si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión.
La SB-4 también permitiría a los jueces estatales (no los migratorios) ordenar a los migrantes que regresen a México.
Los críticos de la ley han advertido durante mucho tiempo que la implementación de la ley conduciría a la discriminación racial, separaría a las familias y dañaría a las comunidades afroamericanas y latinas en todo el estado.