La Fiscalía de Costa Rica acusó este lunes a 12 personas, entre ellas empresarios y funcionarios públicos, como sospechosos de cometer actos de corrupción en la concesión de obras de infraestructura pública en un caso que salió a la luz en 2021.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, funcionarias públicas y privadas, dentro del caso conocido como ‘Cochinilla’, por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor”, informó el Ministerio Público.
Entre los acusados figuran el dueño de la empresa constructora MECO de apellidos Cerdas Araya, la dueña de la compañía constructora H. Solís de apellidos Solís Vargas, así como funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, identificados como de apellidos Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas.
Los restantes acusados son de apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca.
La Fiscalía presentó dos acusaciones por dos hechos específicos: uno relacionado a la empresa MECO y otro a la compañía H.Solís. Estas dos firmas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años en materia de infraestructura pública.
“El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con Conavi, pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada, lo anterior con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias”, explicó la Fiscalía.
La segunda acusación involucra a la empresa H. Solís y a Conavi, pues presuntamente, la compañía “entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos” relacionados a “adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructora”.
Estas dos acusaciones forman parte de un caso más grande nombrado por las autoridades como “Cochinilla” que involucra a un total de 67 personas como sospechosas de corrupción en la licitación de obras públicas de infraestructura a empresas privadas.
La Fiscalía continúa avanzado con la investigación para formular más acusaciones próximamente.
En 2021 la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos por el caso ‘Cochinilla’ y señaló a 7 empresas presuntamente involucradas.
El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Conavi hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El OIJ afirma que el caso involucra cerca de 120 millones de dólares.
Según el OIJ, funcionarios públicos del Conavi recibían sobornos y favores constantes, que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales.
Tras la acusación formulada este lunes, la Procuraduría General de la República y el Conavi cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella o una acción civil resarcitoria para el cobro de daños y perjuicios.
Después de ese trámite la Fiscalía presentará la acusación al Juzgado Penal de Hacienda con solicitud de apertura de juicio.