La administración de Donald Trump, quien asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, ha lanzado el ataque más amplio contra los derechos humanos y la rendición de cuentas de cualquier gobierno estadounidense en la historia moderna.
Así lo afirmaron expertos en derechos humanos, entre ellos miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU, en una declaración pública donde denunciaron que Trump busca desmantelar los compromisos de Estados Unidos con el derecho y las instituciones internacionales.
Como parte de sus decisiones más controversiales, los especialistas citaron el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y la Organización Mundial de la Salud, la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el fin del financiamiento de proyectos humanitarios y de fortalecimiento del estado de derecho, las sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional y el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Todo esto tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo”, advirtieron.
Los expertos también señalaron que Trump ha generado “un clima de miedo” entre las comunidades inmigrantes, sin importar su estatus legal, y ha impulsado medidas que consideran un llamado a la limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados.
[Lea también: Efecto Trump: migrantes varados en Costa Rica intentan volver a Panamá]
Además, cuestionaron su decisión de indultar a los responsables del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y de despedir a quienes los procesaron.
Ante este panorama, hicieron un llamado a la administración Trump para que rectifique su rumbo y exhortaron tanto a republicanos como a demócratas a frenar lo que califican como una “traición a los valores históricos de Estados Unidos” en materia de derechos humanos, cooperación internacional y apoyo humanitario.
“Estamos con las víctimas de estas políticas, dentro y fuera del país, y con todos aquellos que resisten el ataque a los derechos humanos y buscan monitorear su cumplimiento”, afirmaron.
En el marco de su estrategia de recorte de gastos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) ha desmantelado de facto la Agencia USAID y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis financiera de 2008. Ambas entidades han cerrado sus oficinas, dejando en el aire el futuro de sus empleados y de los programas que lideraban.
