El Gobierno cubano impuso multas por más de 600 millones de pesos (25 millones de dólares, al cambio oficial para personas jurídicas) desde el pasado julio a negocios privados por “violar” el tope de precios a varios productos alimenticios, informaron este lunes medios oficiales.
La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, aseguró al periódico oficial Granma que “si bien los precios están regulados por los Gobiernos locales, son de actuación permanente y sistemática por las direcciones de inspección municipales y provinciales, así como las propias direcciones de Finanzas y Precios”.
A su vez, la directora de Inspección en el municipio Guanabacoa en La Habana, Jenifer Puebla, señaló que detectaron “violaciones de carácter grave en precios”, así como la venta de productos en mal estado en un pequeño negocio local.
El pasado 8 de julio entró en vigor el tope de precios a seis productos básicos en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Los productos con precios topados son el pollo, el aceite, las salchichas, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente.
Por ejemplo, el kilo de pollo troceado cuesta como máximo 680 pesos (5,6 dólares, al cambio oficial para personas físicas) y el litro de aceite vegetal, excepto el de oliva, 990 pesos (8,25 dólares).
A finales de julio, el Gobierno cubano informó que las primeras multas por incumplir con los precios topados ascendieron a 30 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Entre julio y septiembre la cifra se elevó a los 348 millones de pesos (14,5 millones de dólares).
Cuba permitió el trabajo por cuenta propia en 2011 y 10 años después levantó el veto a la empresa privada nacional, vigente desde 1968, aunque con limitaciones.
Actualmente hay cientos de miles de autónomos y más de 10.000 mipymes, principalmente de hostelería, comercio minorista y construcción.
No obstante, la empresa estatal socialista -prioritaria para el Gobierno cubano- sigue siendo responsable mayoritaria del producto interno bruto (PIB) y del empleo, ya que controla muchos sectores clave (telecomunicaciones, seguridad, energía, sanidad, turismo).
La medida de topar los precios apareció en un contexto de déficit de productos básicos, alta inflación y la baja producción en la isla, sumida en una profunda crisis agravada por los efectos de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y los errores en la política económica.