Cuba tipificó delitos como los de “subversión social” y difusión de noticias falsas en internet, así como el ciberterrorismo, en su primer reglamento de ciberseguridad publicado este martes y que desencadenó el rechazo de Washington y de tuiteros que piden el “derecho a disentir”.
Este marco legal “amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad” y “el mal uso de las tecnologías en el ciberespacio”, dijo a AFP el viceministro de Comunicaciones (MINCOM), Wilfredo González.
Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de internet, González destacó que la nueva norma da a los cubanos la posibilidad de “proteger sus datos personales”, “su intimidad”, así como la de “no permitir que nadie tergiverse la verdad, que nadie denigre sobre un funcionario de nuestro país y nuestro proceso revolucionario”.
El reglamento entró en vigor este martes, un mes después de históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, con un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
Establece 17 delitos de “ciberseguridad”, que van de niveles de “peligrosidad” de “medio” a “muy alto”. Entre ellos, destaca la “subversión social” para “alterar el orden público” y “promover la indisciplina social”, el ciberterrorismo y la ciberguerra.
También figuran, entre otros, la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) ilegal y el robo de información.
Las reacciones empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter. “Tenemos derecho a disentir y a expresarlo”, dijo en un tuit @SailydeAmarillo, una emprendedora cubana.
También la periodista independiente Luz Escobar tuiteó “#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba”, una etiqueta que se reproducía rápidamente en la red social.
Mientras tomaba un helado en La Habana Vieja, Víctor García, un fotógrafo de 23 años, consideró que la medida va “contra la libertad de expresión de cada cual”. “Me parece que eso está mal”, anotó.
Para Ted Henken, coautor del libro “La revolución digital en Cuba”, “en vez de querer escuchar las quejas del pueblo expresadas en formatos digitales para poder responder a las demandadas ciudadanas más rápidamente y energéticamente, el gobierno cubano se muestra cada vez más sordo y represivo, ahora aprobando una ley que criminaliza todo tipo de queja, burla y crítica expresada en las redes”.
El internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en el gran aliado de organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se divulgaron de manera masiva en las redes en toda la isla.
Asimismo, el reglamento entra en vigor una semana después de que el Senado de Estados Unidos habilitara a la administración de Joe Biden a brindar acceso a internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón digital del gobierno.
“Estados Unidos lo que quiere es brindar una internet paralela a nuestro país (...), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia”, dijo González.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado destacó el martes en un tuit que “las autoridades cubana deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz, y no castigar a quienes dicen la verdad”.
Durante el estallido de julio, el gobierno cortó por cinco días el internet móvil. Biden anunció entonces que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la conectividad.
En correspondencia, el Senado estadounidense aprobó el pasado martes una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.
