La defensora de derechos humanos y abogada anticorrupción salvadoreña Ruth López pidió este miércoles tener un “juicio público”, previo a la instalación de la audiencia inicial de un proceso penal en su contra, que ha sido catalogado por organizaciones no gubernamentales y juristas como “persecución política” por ser una voz crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
“No me van a callar. Un juicio público quiero, que me concedan un juicio público; la gente merece saber. El que nada debe, nada teme”, gritó López al momento de ser trasladada por agentes de la Policía Nacional a un tribunal de Paz, ante decenas de periodistas.
Se tenía previsto que la audiencia inicial comenzara en horas de la mañana, pero se atrasó por la falta del traslado de López al Centro Judicial Isidro Meléndez, en San Salvador, por más de dos horas.
La Fiscalía General acusó a la abogada, jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal, de peculado al informar sobre su detención la noche del 18 de mayo, pero el cargo habría cambiado a enriquecimiento ilícito, según han reportado diferentes medios locales, lo que no ha sido confirmado por la defensa de la abogada porque el proceso penal fue puesto en reserva total.
La acusación fue presentada por la Fiscalía la noche del 2 de junio, más de 15 días después de la detención de López, entre hermetismo y después de que la prensa fue sacada del lugar en que se presentó, de acuerdo con reportes de medios locales.
Además, el Juzgado 12° de Paz decretó la reserva del proceso, por lo que sus defensores no pueden dar detalles.
Pedro Cruz, uno de los abogados defensores, dijo a la prensa que “la reserva total la han pedido por miedo”.
“¿A qué le temen? ¿Ha haber hecho una acusación infundada, un requerimiento infundado? ¿Le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo, en su quehacer profesional, a la defensa por la superioridad evidente en materia técnica, ética y jurídica para este caso”, señaló Cruz a periodistas.
Indicó que este proceso se desarrolla en un “contexto adverso” y que espera que se dé una audiencia “basada en la ley”, dado que poseen pruebas en su favor.
El abogado subrayó que el requerimiento de la Fiscalía es “sin fundamento jurídico” y que hay un “Ministerio Público incompetente”.
Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, publicó en X que sigue de cerca el proceso.
“Estoy siguiendo de cerca la audiencia contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López en #ElSalvador. El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada”, publicó la experta.
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde la organización humanitaria Cristosal -a la que pertenece- y ha presentado avisos a la Fiscalía por los mismos, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
Este caso y la detención de otros defensores de derechos humanos han generado la preocupación de organizaciones locales e internacionales, que advierten de “una escalada autoritaria” por parte del presidente Bukele.
