La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de que se aprobara la ley —que no contempla una caducidad— y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
A su juicio, la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, pese a las que describió como “voces que buscan perturbar los procesos”.
La líder chavista expresó que la amnistía “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa”, en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8,616 personas habían beneficiadas con la amnistía, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12,187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.
Arreaza agregó entonces que seguían “recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”.
Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.
La normativa advierte en su último artículo que “serán procesadas” las personas beneficiadas que incurran “en delitos cometidos con posterioridad” a la entrada en vigencia del texto.
Rodríguez instaló este jueves una comisión que se encargará de una “gran consulta” para reformar la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los “males que persisten” en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.