La Iglesia católica de Nicaragua denunció que, por causas que desconocen, la policía detuvo el domingo a un sacerdote, un paso más en la escalada de tensión entre la institución religiosa y el Gobierno de Daniel Ortega.
La diócesis de Siuna, que atiende las parroquias del Caribe norte de Nicaragua, informó en redes sociales del arresto del “presbítero Óscar Benavidez, párroco de la parroquia Espíritu Santo de Mulukukú”, uno de los municipios de la Región Autónoma del Caribe norte.
“Desconocemos las causas o motivos de su detención, esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, demandó el obispado.
El independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) indicó en Twitter que conoció “a través de distintas fuentes” que el párroco Benavidez “fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con rumbo desconocido”.
🔴URGENTE| A través de distintas fuentes hemos sabido de la detención arbitraria del sacerdote Óscar Benavides Dávila de la Parroquia Espíritu Santo en el municipio de Mulukukú. Según informaciones fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con rumbo desconocido. pic.twitter.com/oDjOrCmYfa
— Cenidh (@cenidh) August 15, 2022
Ni la policía, ni el gobierno han confirmado ni desmentido hasta el momento la información.
La diócesis de Siuna fue una de las primeras en solidarizarse con la situación del obispo de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, a quien la policía le impide salir de la curia arzobispal (residencia del obispo) y lo tiene retenido allí junto a otras 10 personas desde el 4 de agosto.
Álvarez, de 55 años, había denunciado días antes el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas, demandado al gobierno que respetara la “libertad” religiosa.
Tras su confinamiento, la policía informó que la diócesis de Álvarez es investigada por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar” al país.
Álvarez es un crítico del gobierno de Ortega y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), organismo que se solidarizó con Álvarez el 7 de agosto.
Ortega, en el poder desde el 2007, acusa a los obispos de apoyar las protestas opositoras de 2018. Para su gobierno, estas fueron un fallido golpe de Estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington.
Antes de las elecciones generales de noviembre 2021, en las que Ortega fue electo para un cuarto mandato consecutivo, el gobierno acusó a más de cuarenta opositores de complotar para derrocarlo. Todos fueron detenidos y procesados. Entre ellos había siete aspirantes a la presidencia.
