El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el jueves una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación.
“La ley es claramente inconstitucional”, dijo el fiscal general, Merrick Garland, en conferencia de prensa.
“El Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el estado de derecho”, dijo.
“Hoy cumplimos con ese deber al presentar la demanda”, agregó.
La demanda se produce después de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora tras el gobierno de Donald Trump, se negara a bloquear la ley de aborto de Texas, en un fallo de cinco contra cuatro.
La decisión del alto tribunal se produjo pese a que en 1973 reconoció el derecho al aborto en su emblemática sentencia “Roe v. Wade” y en momentos en que los estados conservadores liderados por republicanos, especialmente en el sur, buscan evitar la interrupción del embarazo con leyes locales.
La nueva ley texana, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe el aborto una vez que se detecta un latido del corazón, que suele tener lugar a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y no hace excepciones por violación o incesto.
Asimismo, habilita al público demandar a los médicos que practican abortos después de seis semanas o a cualquiera que facilite el procedimiento y los recompensa con 10,000 dólares si tienen éxito.
“Hasta ahora, la ley ha tenido el efecto deseado”, pues “debido a que el estatuto hace que sea demasiado riesgoso que una clínica de abortos permanezca abierta (...), han dejado de brindar ese servicio”, dijo Garland.
“Esto impide a las mujeres de Texas ejercer sus derechos constitucionales”, agregó.
En reacción a la demanda, la oficina del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado “aprobó una ley que garantiza que la vida de cada niño que tenga un corazón latiendo se salve de los estragos del aborto”.
“Desafortunadamente, el presidente Biden y su administración están más interesados en cambiar la narrativa nacional de su desastrosa evacuación de Afganistán y sus imprudentes políticas de fronteras abiertas en lugar de proteger a los inocentes no nacidos”, agregó.
La semana pasada, el presidente Joe Biden arremetió contra la negativa de la Corte Suprema de bloquear la ley de Texas y prometió un “esfuerzo de todo el gobierno” para revocarla.
La demanda del Departamento de Justicia se enmarca en ese esfuerzo.
La decisión de la alta corte fue “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer” que “insulta el estado de derecho”, dijo entonces el mandatario.
Alexis McGill Johnson, que preside la Federación Planned Parenthood de Estados Unidos, agradeció a Biden por tratar de “proteger a los texanos de esta ley peligrosa e injusta”.
Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la organización de defensa de derechos humanos ACLU -cuya demanda buscaba que bloquear la ley de Texas fue rechazada por la Corte Suprema-, también acogió con satisfacción la medida del Departamento de Justicia.
“No descansaremos hasta que todos puedan ejercer su derecho a acceder al aborto en Texas y en todo el país”, dijo Amiri.
Según la ACLU, de 85 a 90% de las mujeres que se someten a un aborto en Texas tienen al menos seis semanas de gestación.
La Corte Suprema debe conocer un caso en los próximos meses relacionado con una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de la décimoquinta semana de embarazo, excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fetal grave.
