El destituido fiscal mexicano que investigaba el pago de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto negó este miércoles 25 de octubre haber recibido presiones del principal implicado en la recepción de aportes ilegales.
Santiago Nieto fue despedido la semana pasada por la fiscalía general mexicana acusado de violar el debido proceso y la presunción de inocencia tras declaraciones a un diario local que sugerían que el excoordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto, Emilio Lozoya, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia a través de una carta.
"Una carta como la que presentó el señor Lozoya, y es lo que yo estaba planteando, no presiona a ninguna persona", afirmó Nieto en una entrevista con la cadena local Televisa. "El reportero, en ejercicio de su libertad de expresión, expresó algunas consideraciones que no tenían que ver expresamente con lo que yo había comentado", agregó.
El exfiscal dijo al diario Reforma que además de pedirle un "pronunciamiento sobre su inocencia", Lozoya le envió junto con la carta un currículum en que señalaba dónde estudió y quiénes eran sus padres. "Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave", dijo Nieto, según Reforma.
Lozoya, un hombre muy cercano al mandatario que sirvió también como director de la petrolera estatal Pemex, habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, de acuerdo con el testimonio de un exejecutivo de la compañía ante la justicia brasileña, divulgado por la prensa de ese país.
Las declaraciones y la posterior destitución del fiscal han generado una tormenta política en México, donde los partidos de oposición consideran que su salida es una maniobra política para entorpecer la investigación sobre la presunta corrupción de la compañía brasileña en el país.
Las confesiones ante la justicia de altos ejecutivos de Odebrecht han sacudido los círculos del poder y la política en América Latina, llevando incluso a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.