El Gobierno de Ecuador informó este lunes que la exministra María de los Ángeles Duarte se escapó de la Embajada de Argentina en Quito donde llevaba refugiada más de dos años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena por corrupción, y anunció que se activó una operación policial para intentar capturarla.
Según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, la fuga de Duarte, una ministra en la administración del exmandatario progresista Rafael Correa (2007-2017), fue advertida al Ejecutivo ecuatoriano por el canciller de Argentina, Santiago Cafiero.
“Cafiero se comunicó con el canciller (ecuatoriano) Juan Carlos Holguín y le manifestó que la señora María Duarte escapó de la Embajada de Argentina de Quito, sin conocimiento del personal de su Embajada que mantenía en su jurisdicción a la prófuga de la Justicia ecuatoriana”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, señaló que el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, “ha conversado de manera inmediata con el embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuks, para conocer más detalles de esta situación”.
“Tan pronto se conoció el hecho, la Policía nacional ha activado los protocolos de búsqueda y captura de la señora Duarte, condenada por actos de corrupción”, agregó la Cancillería ecuatoriana.
Ecuador “ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información”, apuntó la Cancillería ecuatoriana y aseguró que “tomará las medidas más adecuadas ante este incidente”.
El Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, había comunicado el pasado 1 de diciembre a la Cancillería ecuatoriana su decisión de conceder el asilo a Duarte, que llevaba refugiada en la Embajada argentina en Quito junto a su hijo menor de edad desde el 12 de agosto de 2020.
Sin embargo, el Gobierno del conservador presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se opuso a otorgar a Duarte el salvoconducto que le permitiese salir del Ecuador rumbo a Bélgica sin ser detenida.
La firma de abogados que defienden al expresidente Rafael Correa, también condenado por corrupción, afirmó que el Gobierno de Lasso supuestamente había violado el derecho internacional al negar un salvoconducto para que Duarte pueda ir a Argentina.
El despacho belga, Ius Cogens, que también lleva la defensa de varios colaboradores de Correa acusados de corrupción, había asegurado que “Argentina tenía el derecho y el deber de conceder asilo a María de los Ángeles Duarte”, quien en 2020 fue condenada a ocho años de cárcel por cohecho dentro del caso conocido como “Sobornos”, en el que también fue sentenciado Correa y otros excolaboradores de él.
Aunque los imputados niegan los cargos y aseguran que se trata de una persecución judicial (“lawfare”) organizada por sus adversarios políticos, la Cancillería ecuatoriana ha asegurado que el juicio contra Duarte concluyó antes de que el actual Gobierno asumiera el poder en mayo de 2021.
Duarte, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, igual que el expresidente Correa, que tiene la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino y con la vicepresidenta Cristina Fernández.