El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que decidió declarar persona “non grata” a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, en respuesta a unas declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen.
La Cancillería de Ecuador, en un comunicado, invocó el principio de “no intervención” en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora.
Además, indicó que la nación suramericana aún vive el “luto” por el crimen a tiros de Villavicencio, ocurrido en agosto del año pasado, cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político electoral en un concurrido barrio del norte Quito, a plena luz del día.
En una conferencia ante medios de prensa en su país, el mandatario mexicano comentó sobre las consecuencias del asesinato de Villavicencio en el contexto de las elecciones presidenciales del año pasado en Ecuador, que dieron el triunfo al actual mandatario, el empresario Daniel Noboa.
López Obrador dijo que, según su criterio, el crimen de Villavicencio perjudicó sobre todo a Luisa González, la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exgobernante progresista Rafael Correa (2007-2017), una opinión que han compartido también varios analistas electorales en Ecuador.
El gobernante mexicano aseguró que existe una responsabilidad social en el entorno de situaciones de violencia y dijo que de ello tampoco escapan los medios de comunicación.
”En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México”, el Gobierno ecuatoriano “ha decidido “declarar ‘persona non grata’ a la embajadora de México en Quito”, al invocar “el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, precisó la Cancillería en Quito.
Aseguró que “Ecuador se encuentra aún viviendo el luto” por el asesinato de Villavicencio, un crimen que “causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”. ”El país continúa enfrentando al crimen organizado trasnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población”, agregó.