El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Una mayoría tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.
A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado.
La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.
Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era “cruel” y que la reducción era una “cuestión de justicia”, al considerar que el Supremo impuso condenas “absurdas” a personas “simples”.
Del otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, afirmó que la medida “atentaba” contra la Constitución y la democracia, “minimizaba” la intentona golpista y permitía que esto sucediera nuevamente en un futuro.
De acuerdo con la sentencia del Supremo, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder.
Ese intento culminó el 8 de enero de 2023 en el ataque a las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia por parte de miles de seguidores del expresidente, muchos de los cuales también fueron condenados.
Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud.
Es el segundo golpe político que el Congreso propina al Gobierno esta semana, después de que la víspera los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo, la primera vez en más de un siglo que el nombramiento presidencial de un magistrado no es aprobado.
La debilidad del Gobierno progresista en un Parlamento dominado por la derecha se ha agravado recientemente, ante la proximidad de una campaña intensa y de resultado incierto, con dos candidatos que las últimas encuestas sitúan en empate técnico.