El oficialismo en el Congreso de El Salvador aprobó este viernes por ocasión 24 la ampliación por 30 días más de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado más de 78,100 detenciones.
“Es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos” para “continuar las actividades operativas de seguridad, dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad”, reza la solicitud de ampliación enviada por el Gobierno y aprobada sin análisis o discusión previa.
La ampliación fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominado por el partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados.
A pesar de que el Gobierno de Nayib Bukele, supuestamente dirigido actualmente por su designada presidencial, sostiene que el Salvador se ha convertido en el país “más seguro” de Latinoamérica, el documento enviado al Congreso dice que las pandillas mantienen su “agresión a la población y cuerpos de seguridad”.
El decreto, que entrará en vigencia el 12 de marzo, señala que se suspenden las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y además se prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.
En el marco de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.
Esta medida se aprobó después el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas tras, según investigaciones del medio local El Faro, la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Bukele basó su campaña de reelección, pese a la prohibición constitucional, en esta medida ante el amplio respaldo de la población que tiene.