El Gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos que están retenidos en un centro de detención en Texas.
La petición llega poco más de un mes después de que este tribunal interviniera de emergencia y bloqueara el traslado de estos hombres hacia una megacárcel en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En un recurso judicial de más de 60 páginas, los abogados del Ejecutivo señalan que los hombres están causando una situación “peligrosa” en el centro de detención.
Según el texto, 23 de los migrantes se “atrincheraron” recientemente en una celda durante horas y amenazaron con “tomar rehenes y hacerle daño a un agente” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el incidente, estos hombres fueron trasladados hacia otra cárcel en Texas.
El lugar en donde estas personas están detenidas es el centro Bluebonnet en Anson, Texas, donde recientemente imágenes capturadas con un dron mostraron a varios migrantes formando la sigla SOS en el patio del reclusorio.
El Gobierno republicano invocó una ley del siglo XVIII para justificar la expulsión de estos migrantes, a los que acusa de ser miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que surgió en una cárcel de Venezuela.
El pasado 19 de abril, el Supremo prohibió las expulsiones bajo dicha Ley de enemigos extranjeros, después de que un grupo de organizaciones en defensa de los derechos humanos presentara un recurso en el que aseguraba que el Ejecutivo estaba buscando trasladar a los migrantes a El Salvador.
La Administración Trump ha invocado esta norma, usada solo en tiempos de guerra, para llevar a cabo la expulsión de migrantes venezolanos, tildándolos de “invasores”.
Washington llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el CECOT, una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.
En total, Estados Unidos ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que Estados Unidos tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
