El jurado del caso contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estuvo este jueves seis horas deliberando sin alcanzar un veredicto, por lo que continuará mañana viernes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Los doce miembros del jurado solicitaron revisar los testimonios de dos personas que han testificado en el caso, el narcotraficante Alexander Ardón, preso en Estados Unidos tras entregarse en 2018, y el general Tulio Romero Palacios, que estaba encargado de la seguridad del expresidente Hernández.
Al parecer, el jurado se interesó en las partes en que ambos declararon unos hechos que se contradecían con la versión de Hernández; concretamente, Romero Palacios dijo que tenía a su cargo la seguridad del presidente y su esposa e hijas, además de su madre y su hermano Tony Hernández (condenado a perpetuidad en EE.UU.), cuando el expresidente negó ante la Fiscalía haber proporcionado seguridad a su hermano.
En cuanto al testimonio de Ardón, se refiere a la advertencia de que el cartel de los Valle Valle pensaba asesinarlo, pero el expresidente había dicho a la Fiscalía que se enteró de esas amenazas por comunicación del FBI estadounidense.
En cualquier caso, el jurado ha debatido durante parte de la mañana y toda la tarde para terminar solicitando tiempo suplementario, pero la impresión general es que podría alcanzar un veredicto mañana viernes.
Hernández está imputado por tres cargos: conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras para la comisión del delito anterior y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, así como su posesión.
El primer delito conlleva una pena de entre 10 años y cadena perpetua; el segundo, de 30 años a cadena perpetua, y el tercero, máxima de cadena perpetua.
En las dos semanas largas que ha durado el juicio (comentó el 20 de febrero), han desfilado por el estrado varios narcotraficantes confesos que se habían entregado en Estados Unidos a cambio de beneficios penitenciarios, pero también han asistido representantes de la Fiscalía hondureña que han proporcionado datos a sus colegas estadounidenses que podrían perjudicar al expresidente.