El Consejo de la Prensa Peruana se manifestó en contra de la apertura de una investigación contra el periodista Gustavo Gorriti y remarcó que levantar el secreto de las comunicaciones del comunicador “abre una puerta peligrosa para que la Fiscalía abuse de esta figura para perseguir, amedrentar y limitar al periodismo de investigación”.
A fines de marzo pasado, el fiscal supremo Alcides Chinchay abrió una investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como al periodista Gorriti —ex director asociado del diario La Prensa de Panamá— por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal, a raíz del testimonio del ex asesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
El fiscal Chinchay busca determinar si Vela y Pérez entregaron información reservada a Gorriti sobre el caso abierto contra Benavides por supuesta organización criminal, a cambio de ejercer una presunta presión mediática para permanecer en el equipo especial de la fiscalía para delitos de altos funcionarios del Estado.
Según el testimonio de Villanueva, citado por medios, los fiscales investigados y Gorriti supuestamente acordaron acorralar al expresidente Alan García en las investigaciones abiertas en su contra por presuntos sobornos de Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
García se suicidó en 2019 cuando un fiscal del equipo especial acudió a su domicilio, con la Policía, para proceder con su detención preliminar, después de haber detenido a otros exfuncionarios de su segundo gobierno (2006-2011) por este caso.
El fiscal, además, ha pedido, requisar el teléfono del periodista y así como de los fiscales del ‘caso Odebrecht’.
La investigación ha generado igualmente la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por su “impacto sobre el periodismo de investigación en el Perú”.
En tanto, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) expresó su preocupación por investigaciones fiscales que pueden poner en peligro la reserva de las fuentes anónimas de periodistas que han destapado sonados casos de presunta corrupción.
En un comunicado, la APEP recordó que “la reserva de fuentes anónimas es una parte fundamental de la labor periodística” y, asimismo, un derecho protegido por la Constitución peruana.
La garantía al secreto profesional periodístico es un indicador básico de la libertad de la prensa, permitiendo el cumplimiento de su rol vigilante y denunciante, añadió.
En tal sentido, remarcó que “sin poder prometer el anonimato a fuentes periodísticas que temen represalias, importantes hechos de interés público simplemente no se llegarían a conocer”.
“Exigimos a toda autoridad a cumplir su obligación de respetar el derecho a la reserva periodística”, puntualizó el gremio de corresponsales extranjeros en Perú.