El fiscal general de Texas, Ken Paxton, un polémico aliado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, fue absuelto este sábado en un juicio político en el Senado estatal que buscaba su destitución por corrupción.
Tras dos semanas de deliberaciones, la mayoría republicana de la cámara absolvió a Paxton de los 16 cargos de los que estaba acusado, entre ellos el de soborno, abuso de la confianza pública e incapacidad para desempeñar el cargo.
El Senado de Texas permite con este veredicto que Paxton, suspendido de forma provisional en mayo, retome sus tareas al frente de la fiscalía general del estado, un cargo que se gana por elección popular.
El juicio político fue impulsado por los legisladores republicanos tras años de polémicas rodeando la figura de Paxton, pero la dirección estatal del partido y grupos conservadores presionaron para que finalmente lo absolvieran.
A lo largo de las audiencias, excolaboradores del fiscal general dieron detalles sobre cómo Paxton presuntamente utilizó su cargo para beneficiar a su amigo y empresario inmobiliario Nate Paul, quien a cambio le pagó una remodelación de su casa y le ayudó a encubrir una relación extramatrimonial con una exasistente.
La defensa tildó de “ofensivas” y “completamente falsas” las denuncias.
Su esposa, Angela Paxton, es senadora estatal por el Partido Republicano y acudió a todas las sesiones del juicio político, aunque no se le permitió votar para que no hubiera un conflicto de interés.
En paralelo a su juicio político en el Senado, sobre Paxton pesa una investigación por corrupción del FBI, además de estar acusado de fraude desde 2015.
Elegido en noviembre pasado para su tercer mandato en la Fiscalía de Texas, fue uno de los fiscales que pidieron en 2020 al Tribunal Supremo revocar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en las que venció a Trump.
Durante su larga carrera política ha protagonizado sonadas polémicas por haber engañado a inversores en la venta de unas acciones, haber robado una pluma de lujo o haber escapado de su casa para evitar que le entregaran una citación judicial, entre otras.
Hasta ahora, solo dos funcionarios de Texas habían sido llevados a juicio político: un gobernador en 1917 y un juez de distrito en 1976.