El Gobierno de El Salvador lanzó este jueves una iniciativa para beneficiar a migrantes retornados al país centroamericano, la cual ha sido financiada con fondos de la cooperación española, según informaron fuentes oficiales.
Se trata de un centro de atención para la emisión de documentos de identidad para migrantes adultos retornados, con una inversión que asciende a 187.250 dólares otorgados a El Salvador por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El centro es parte del proyecto denominado registro, emisión y entrega del DUI (documento único de identidad) para garantizar el derecho a la identidad e identificación a las personas retornadas a El Salvador, señaló Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Indicó que durante la ejecución de la iniciativa se subsidiará la emisión del documento de identidad para esta población.
La Aecid aseguró, en un comunicado compartido a EFE, que tener un documento oficial que identifique a las personas retornadas es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Indicó que para el caso de El Salvador, el documento único de identidad no solo le proporciona a las personas acceso a servicios esenciales y oportunidades, sino que les permite participar activamente en la vida política y social del país.
Los beneficiarios serán las personas retornadas que se atienden en la Gerencia de Atención al Migrante (GAMI), una entidad estatal salvadoreña, y el centro estará equipado con personal capacitado, equipo tecnológico especializado, mobiliario e insumos, entre otros, agregó la Aecid. En el lanzamiento del centro participaron el embajador de España en El Salvador, Carlos de la Morena Casado, el coordinador de la Aecid, Fernando Rey, y el representante en El Salvador de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Carlos Roncal.
Las razones por las que salvadoreños deciden migrar de manera ilegal, principalmente a Estados Unidos, están relacionadas con seguridad, economía y reunificación familiar, y aunque este fenómeno ha disminuido en los últimos años, según el Gobierno, sigue sin existir un plan integral para abordar dicha problemática.