La “guerra contra las pandillas” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supera los 50 mil detenidos en menos de seis meses, mientras su gobierno prepara leyes para que no salgan de prisión.
Bajo un régimen de excepción que se encamina a cumplir medio año, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones en el país tras las detenciones.
“Se ha visto un gran cambio positivo en mi zona, se siente una gran tranquilidad, una gran paz. Antes, temprano en la noche, era silencio total” por temor a las pandillas, afirma una mujer de 55 años quien se identifica como América, en la ciudad de El Tránsito, a 125 km al este de San Salvador.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80%.
“Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas”, dijo este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
La guerra contra las pandillas “tiene un efecto disuasivo”, afirma el investigador de Escuela Superior de Economía y Negocios, Carlos Carcach. “Saca de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos”.
Todo esto bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, declarado en respuesta a una escalada de violencia en la que murieron 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en junio reveló que un 89.3% de la ciudadanía considera que el régimen de excepción promovido por Bukele ayudó “mucho o algo” a controlar la delincuencia en el país.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes.
De los detenidos, el 85% son hombres y 15% mujeres, según cifras oficiales. El 68.9% es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la de mayor presencia en el país, seguido por las facciones Sureños (17.7%) y Revolucionarios (12.7%) de la pandilla Barrio 18. El restante lo concentran Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños.
Con el régimen de excepción los presos acusados de pertenecer a pandillas han pasado de 16 mil a 66 mil.
Según la última estimación del Gobierno, esas bandas tienen 76 mil miembros, entre presos y libres.
En abril, a pedido de Bukele, el Congreso reformó el Código Penal para castigar hasta con 45 años de prisión a los pandilleros. Pero Villatoro adelantó que en breve presentarán otras propuestas de reforma para asegurar que no salgan de la cárcel. La mayoría de ellos aún se encuentra bajo prisión preventiva, sin sentencia ni proceso.
Las reformas abarcarán las Leyes de Crimen Organizado, de Intervenciones Telefónicas y del Órgano Judicial. La idea “es crear normas procesales precisamente para que la sociedad gane frente a estos terroristas [pandilleros]”, subrayó el ministro.
Para albergar a parte de los detenidos, Bukele ordenó la construcción de una cárcel para 40 mil pandilleros en un área rural del centro del país, que debe estar lista antes de fin de año.
