El Tribunal Supremo permitió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 300,000 venezolanos.
Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país suramericano.
La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de Estados Unidos y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores.
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias.
Bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el DHS decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentando que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica.
Según recuerda el diario The Washington Post, el Ejecutivo republicano frenó esa extensión en febrero antes de que entrara en vigor. Sin ella, esas protecciones iban a acabar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre.
La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200,000 inmigrantes desde 2001.