Para la Fuerza Conjunta de Capítulos Latinoamericanos de Transparencia Internacional los gobiernos deberán evitar que en sus procedimientos de contratación para atender una emergencia, como la surgida por el nuevo coronavirus, propicie la concentración y el acaparamiento.
Esas situaciones se pueden presentar durante la adquisición de bienes y contratación de los servicios de consumo necesarios para enfrentar una emergencia nacional, como la surgida por los casos del Covid-19.
Además recomendaron que los presupuestos designados para atender las emergencias en cada uno de los países de la región deberán ser administrados teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad.
También las autoridades de los países de la región deberán asegurarse que tengan las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno. “Este presupuesto estará destinado a cumplir los objetivos determinados en tanto se atiende la contingencia que le dio origen”.
Un punto que resaltaron los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional es que es indispensable que los gobiernos informen sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para afrontar la contingencia que atraviesen, las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas o fondos, así como la justificación para su determinación y las reglas generales que deberán regir el uso de esos recursos.
Para las citadas agrupaciones los resultados del ejercicio del presupuesto destinado a cubrir las necesidades de la población durante la contingencia por fuerza mayor, deberán ser evaluados por las instancias técnicas correspondientes a cada nivel de gobierno o ente contratante.
Las auditorias y fiscalizaciones deberán presentarse de manera permanente a la opinión pública.
Estas recomendaciones están contenidas en un documento divulgado por la Fuerza Conjunta de Capítulos Latinoamericanos de Transparencia Internacional. Puede leerlo todo en la página web de Transparencia Internacional, en la sección de Interés.
