Un enviado del gobierno español visitó este miércoles en Perú la refinería de la petrolera hispana Repsol donde se produjo un derrame al mar de casi 12,000 barriles de crudo, el 15 de enero.
El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, se reunió con el vicecanciller peruano Luis Enrique Chávez, a quien ofreció cooperación para atender la emergencia ambiental causada por el derrame, y luego visitó la refinería situada en Ventanilla, 30 km al norte de Lima.
“En la refinería La Pampilla de Repsol he visitado al equipo de expertos internacionales y he podido conocer la tecnología avanzada que están usando en los trabajos de recuperación del vertido”, tuiteó el funcionario español.
El derrame, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería. Repsol atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga.
La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.
“Acompañado del director de Repsol en Perú [Jaime Fernández-Cuesta], he recorrido el litoral afectado por el vertido. Lamentamos las consecuencias para el ecosistema y nos solidarizamos con los perjudicados. Ahora la prioridad es avanzar los trabajos para recuperar la normalidad lo antes posible”, añadió Fernández Trigo.
Fernández-Cuesta, quien es español, es uno de los cuatro responsables de la refinería al que la justicia peruana prohibió salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones del derrame. Los otros tres son peruanos.
La cancillería peruana dijo que el enviado “expresó la solidaridad de España con el Perú por la emergencia ambiental ocurrida en Ventanilla [...] y ofreció cooperación para atender la crisis sobre la base de su experiencia en la materia”.
Perú ordenó el lunes a Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques en el país, medida calificada por la compañía como “desproporcionada e irrazonable”, pues puede causar desabastecimiento de combustibles en el mercado interno.
Además, la justicia peruana ordenó la “incautación” del buque tanque involucrado en el derrame, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao, contiguo a Lima.
Cientos de brigadistas están trabajando en la limpieza de playas afectadas por el derrame. Entre ellos, hay personal contratado por Repsol, militares y voluntarios.
