Estados Unidos ha accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas.
“Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”; anota el documento legal publicado el viernes.
Esta decisión supone un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.
Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EUA, que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.
El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a Estados Unidos, el matrimonio ya no representaba “una amenaza para la seguridad nacional”.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn.
Ambos se han declarado “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se espera que el juicio formal contra la pareja no comience hasta dentro de uno o dos años.