Estados Unidos advirtió a los migrantes que la patrulla fronteriza seguirá vigilando los cruces irregulares a pesar del cierre del Gobierno previsto para este fin de semana por el agotamiento del presupuesto federal.
“El personal de nuestra Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) continuará su misión protegiendo nuestra frontera y puertos de entrada priorizando nuestra seguridad nacional”, explicó en una rueda de prensa Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
El funcionario remarcó que “la frontera no está abierta ni estaría abierta a la inmigración irregular” con independencia del previsible cierre de la Administración por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos.
Núñez Neto recordó que el Gobierno de Joe Biden ha agravado las consecuencias para los cruces de migrantes indocumentados desde que en mayo se levantó el Título 42, la política de expulsiones que se aplicó durante la pandemia de la covid-19.
Desde entonces, los migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos son devueltos a México, mientras que el resto son retornados a sus países y afrontan un posible veto de cinco años para volver a ingresar a Estados Unidos.
Desde el 12 de mayo, más 253 mil personas han sido deportadas a 152 países, afirmó Núñez Neto.
El funcionario instó a las personas que quieran llegar a Estados Unidos a que lo hagan de forma regular pidiendo una cita por internet para solicitar un permiso humanitario en lugar de cruzar la frontera.
A pesar de las nuevas políticas migratorias, la presión sobre la frontera no baja, pues las autoridades estadounidenses detuvieron en agosto a 232 mil 972 personas, la mayor cifra mensual en lo que va de año.
Según algunos medios, Estados Unidos y México habrían alcanzado un acuerdo para ampliar las deportaciones de migrantes indocumentados varados en ciudades mexicanas de la frontera.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó este viernes que su Gobierno evalúa poner en marcha vuelos de deportación a Ecuador, Venezuela y Colombia, que se sumarían a los que ya existen a Guatemala, Honduras y El Salvador.