Estados Unidos apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela que conduzca a elecciones libres, pero para esto Caracas debe levantar antes el veto a partidos políticos y dirigentes opositores, dijo el martes un portavoz del gobierno de Joe Biden.
Washington, que desconoce al mandatario Nicolás Maduro por considerar fraudulenta su reelección en 2018, ve las elecciones locales y regionales programadas para el 21 de noviembre en Venezuela como una “oportunidad” para que la autoridad electoral garantice una votación creíble según los estándares democráticos internacionales.
“Las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas incluyen la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa, y el fin de los abusos contra los derechos humanos”, indicó a la AFP un funcionario del Departamento de Estado.
“Solo con estos cambios fundamentales se darán las condiciones para que los venezolanos puedan expresarse políticamente y elegir a sus líderes por sí mismos”, añadió.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano habilitó el 29 de junio a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a competir en los próximos comicios, algo que la justicia le había prohibido hace tres años.
Pero para Estados Unidos, esto no es suficiente.
“La decisión del CNE (...) no permite que todos los partidos políticos de Venezuela participen en las elecciones, y muchos políticos de la oposición todavía tienen prohibido participar”, señaló el vocero, que solicitó el anonimato.
La MUD nació en 2008 como una alianza opositora al fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), aglutinando a una treintena de organizaciones, entre ellas Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López y su delfín Juan Guaidó, y Primero Justicia (PJ), donde militaba el excandidato presidencial Henrique Capriles.
En las elecciones legislativas de 2015, la coalición le asestó el mayor golpe electoral al chavismo, alzándose con la mayoría de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral.
Pero antes de las elecciones presidenciales en 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, ordenó la exclusión de la MUD argumentando que no era un partido sino una alianza.
La MUD boicoteó tanto los comicios presidenciales de 2018 como los legislativos de 2020, en los que surgió un nuevo parlamento controlado por el chavismo.
Pero la decisión del TSJ resquebrajó sin embargo su unidad, y aunque la habilitación por parte del CNE podría permitir recuperarla, dirigentes como López y Capriles siguen inhabilitados políticamente.
