Estados Unidos impuso este miércoles 8 de diciembre sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalándolos de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados, algo considerado “mentira” por el mandatario salvadoreño.
El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente estadounidense acogerá este jueves y viernes, así como con la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que considera este tema una prioridad de seguridad nacional.
El Tesoro anunció que Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia salvadoreña, fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
“El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tras el anuncio de las sanciones.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción”, prometió.
