Sin otro tema de conversación en las calles y comercios de Chile este domingo de plebiscito, jóvenes que se estrenan en el ciclo democrático, ancianos desencantados de la política que acudían por primera vez a las urnas y extranjeros residentes debutan con expectación e incertidumbre en una jornada inédita.
Desde temprano, 15 millones de personas acuden a las urnas para participar en las elecciones más cruciales de su historia reciente, en la que deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución, que fue elaborada durante un año por una convención elegida tras las graves protestas de 2019. De aprobarse, el país dejará atrás el modelo neoliberal instalado durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
La participación al plebiscito es obligatoria por primera vez desde 2012, cuando el voto era obligatorio pero con inscripción previa.
“Nunca he votado, es la primera vez en 60 años y lo hago solo porque estoy obligado. No me interesa la política porque quienes la hacen son muy sucios”, dice a EFE José, comerciante, desde la fila en el Liceo Confederación Suiza del centro de Santiago.
Mientras toma nota de cómo se lleva a cabo la emisión del voto, comenta: “Voto ‘rechazo’, pero no voy a esperar los resultados. Esta noche me iré a acostar y mañana ya me enteraré de lo que ocurra”.
Según explica el facilitador del Servicio Electoral (Servel) Matías Cortés, en este colegio se ha observado “un flujo más constante de gente que en otras convocatorias”. Como hecho novedoso, destaca una mayor presencia de personas migrantes residentes en Chile: “Han concurrido más porque están obligadas a votar y esta es una comuna con mucha migración”.
“Es la primera vez que voto en Chile, pero el cambio que propone la nueva Constitución es bueno y el proceso de votación es rápido” , explica Betania Andújar, de 45 años, es dominicana y votó en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, en el centro de la capital.
JÓVENES DEBUTANTES
Uno de los interrogantes de la elección es cómo influirá el voto obligatorio en el resultado. El proceso constituyente ha recuperado el interés de jóvenes que hasta hace poco se habían apartado de la política institucional. Otros debutan este domingo.
“Es muy fuerte votar por primera vez y que sea para cambiar la Constitución de Pinochet. Espero que el futuro sea mejor para mi generación, y para las que vienen”, indica Andrés Aguilera, de 18 años.
“Buscamos un camino que genere más igualdad para todos, aunque los cambios no vayan a ser de un día para otro. Hay personas que se quedan atrás y el sistema genera frustraciones”, dice Cristóbal Enríquez, de 28 años, que se estrenó en las urnas para el plebiscito de entrada de octubre de 2020.
“Participo desde este último tiempo cuando he sido más consciente; antes, simplemente, no me importaba”, añade.
VOTO FEMENINO
Este domingo, se cumplen 70 años de la primera vez que las chilenas votaron en una elección presidencial.
Una efeméride que no pasa desapercibida en una fecha como la de este domingo. La participación y tendencia del voto femenino será determinante. En las últimas elecciones de segunda vuelta, las mujeres se convirtieron en la clave del triunfo del actual presidente, Gabriel Boric.
“Fui madre hace 6 meses, quiero que mi hija viva en un país seguro, que nos ponga a las mujeres en el centro, por eso vine a aprobar esta nueva Constitución”, dice Camila Padilla, de 37 años, mientras vota en el Instituto Profesional DUOC de Viña del Mar.
Al menos 36 de los 388 artículos de la nueva Carta Magna incluyen una perspectiva feminista y amplían derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.
“Estoy feliz de poder participar en esta elección tan importante para Chile. Las constituciones que hemos tenido a lo largo de los 200 años de independencia han favorecido siempre a la clase alta y esta es una posibilidad de hacer un cambio”, apunta Laura García, votante en el Estadio Nacional, centro de tortura durante el golpe de Estado convertido hoy en uno de los principales centros de votación.
La nueva Constitución, ecologista y feminista, declara a Chile un Estado social de derecho y consagra un amplio catálogo de derechos, algo que sus detractores consideran “excesivo” y que “no contribuye a unir al país”.