El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue enviado a prisión al menos hasta el 16 de marzo, resolvió el juez que celebró este miércoles la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos que lo reclama por narcotráfico, anunció el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
El juez “ha resuelto decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia” en la segunda audiencia el 16 de marzo, precisó el funcionario.
A más tardar dos días antes de esa nueva audiencia Estados Unidos debe remitir al juzgado “las pruebas que sustentan la solicitud de extradición, así como la calificación de los delitos (...) y las penas que tengan relación con los cargos atribuidos al señor Hernández”, añadió el portavoz.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Hernández fue trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en donde quedará recluido.
“El juez no encuentra que resulte procedente la medida de arresto domiciliario” solicitada por la defensa, subrayó el portavoz. Según Duarte, en otros casos los procesos de extradición no han demorado más de cuatro meses.
“¡No está solo!”, gritaban decenas de simpatizantes del Partido Nacional (PN, derecha) de Hernández que llegaron a apoyarlo frente a la Corte, mientras simpatizantes del ahora oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) celebraban la detención. Hubo conato de enfrentamientos entre ambos grupos.
Hernández, de 53 años, es acusado por el gobierno estadounidense de traficar unas 500 toneladas de cocaína a través de Honduras a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos, indicó la embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado.
Detenido el martes en la puerta de su casa en Tegucigalpa por la policía hondureña en coordinación con agencias estadounidenses, entre ellas la agencia antidrogas DEA, Hernández no ofreció resistencia y dejó que le pusieran un chaleco antibalas y lo esposaran de pies y manos con cadenas.
El juez lo citó para la mañana del miércoles para la primera audiencia, en la que le leyó los cargos y decidió enviarlo a detención preventiva hasta la próxima audiencia.
ACUSACIÓN
El expresidente de derecha que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero, tras gobernar Honduras durante ocho años, es acusado de tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”.
También se le acusa de “usar o portar armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos”. Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego (...) en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.
Fiscales estadounidenses calificaron a JOH de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony Hernández, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.
Afirmaron que el expresidente convirtió a Honduras en un “narcoestado”.
Durante el juicio de Tony, fiscales estadounidenses aseguraron que JOH “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.
Geovanny Fuentes, otro narco hondureño juzgado en Nueva York y condenado en febrero a cadena perpetua, fue acusado por Estados Unidos de actuar en connivencia con JOH.
Hernández niega todo y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.
El exmandatario es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad.
El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente (...) debido a actos corruptos”.
“Según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”, afirmó Blinken.
Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) -del Partido Nacional, el mismo que los Hernández- fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en 2017 por ayudar a traficar 1.4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
