Los familiares del fallecido expresidente Alan García presentaron una demanda de amparo para declarar la nulidad de la autorización de acceso a la información contenida en dos teléfonos celulares del exgobernante, según confirmó este jueves el Poder Judicial.
A través de su cuenta en la red social X, el Poder Judicial precisó que ha admitido a trámite la demanda de amparo interpuesta por la familia del exmandatario (1985-1990 y 2006-2011).
La autorización de acceso a los celulares de García fue solicitada por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez en el marco de un proceso contra sus exfuncionarios por lavado de activos y colusión, pero su intento por ingresar a esa información se frustró hace una semana por “problemas técnicos”.
“La diligencia se ha pretendido instalar, aunque las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha permitido llevar a cabo esta diligencia”, declaró Pérez a los periodistas en esa fecha.
Los hechos que han motivado el pedido de acceso a los celulares de García se refieren a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramo 2 y 3), en lo que se ha comprendido al exministro Enrique Cornejo y al exsecretrario presidencial Luis Nava, entre otros funcionarios del segundo gobierno del líder del Partido Aprista.
A comienzos de mayo pasado, el exdirector de la empresa estatal Petroperú Miguel Atala declaró en una audiencia judicial que entregó 1,3 millones de dólares a García provenientes de una cuenta que abrió en Andorra a solicitud de Nava y del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata.
Pérez confirmó que las defensas de los implicados en el caso han presentado acciones de tutela ante los tribunales y señaló que acudirá ante el “Poder Judicial para señalar que todas las actuaciones se han llevado a cabo respetando los derechos y garantías del suceso”.
Recordó que, en dos instancias, los jueces peruanos han resuelto que “sí se puede revisar todo aquello que tenga interés criminal para la investigación”.
García se suicidó en 2019 cuando un fiscal llegó a su casa en Lima junto a la Policía para proceder con su detención preventiva, a raíz de los presuntos aportes irregulares de Odebrecht para adjudicarse varias obras de infraestructura durante su gestión.