Familiares de personas detenidas en Nicaragua y que consideran “presos políticos” pidieron este jueves 15 de octubre su liberación y que la Organización de Estados Americanos (OEA) no dé “más tregua” al gobierno de Daniel Ortega.
“Seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos y presas políticas antes del 15 de noviembre del 2020”, señala una declaración de seis grupos de familiares “pro-libertad de presos políticos”, leída en un hotel capitalino.
El texto pide asimismo a la OEA no dar “más tregua” al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el cual “no existe legitimidad”, y que “reconozca que vivimos en dictadura”.
Los afectados expusieron “su desesperación” ante una huelga de hambre indefinida emprendida por 53 detenidos en los penales de Managua y Matagalpa (norte) el 30 de septiembre, para exigir su liberación, denunciar tratos crueles y condiciones precarias de encierro.
Los familiares contabilizan un total de 113 detenidos en distintas cárceles del país, y según denuncian, algunos están bajo cargos de delitos comunes, pero aseguran que sus parientes son perseguidos políticos.
Las organizaciones también rechazaron los proyectos de ley sobre ciberdelitos y sobre agentes extranjeros, este último aprobada este jueves, así como la intención de imponer la pena de cadena perpetua, lo que consideran es parte de “un endurecimiento de la represión”.
La declaración coincidió con un texto emitido este mismo jueves en Washington por la secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, que alerta sobre “persistentes” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El comunicado de la OEA, emitido tras un encuentro con miembros de la sociedad civil nicaragüense, dice que de los testimonios recibidos “se infiere que persisten las violaciones a los derechos humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos”.
