El representante legal Alfonso Iglesia, designado por las tres empresas subsidiarias de FCC (FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A., y Construcciones Hospitalarias S.A.,) imputadas como personas jurídicas por corrupción internacional en Panamá, se presentó en las dependencias de la Audiencia Nacional de España, cuya sede está en Madrid.
El juez Ismael Moreno, titular del caso que acusa a la constructora española por el pago de más de 82 millones de euros (91 millones de dólares al cambio actual) en coimas para obtener la adjudicación de la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá, le citó para que declare como persona jurídica investigada.
Según ha podido conocer este medio, los interrogatorios prevén también la comparecencia del representante legal de la sociedad panameña Aeon Group, Timothy Scorah, pero en calidad de testigo.
De momento, la investigación está en una fase primaria y se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no está previsto que trascienda a la prensa el contenido de las declaraciones ante el juez.
La Fiscalía Anticorrupción de España abrió diligencias en 2017 y ha estado recabando indicios durante estos dos años que probarían que altos directivos de FCC y personal de Odebrecht diseñaron un esquema para desviar fondos que estuvo en pie entre 2010 y 2014.
La estrategia corruptiva, según la información aportada por las autoridades suizas, consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el Metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.
Entre los receptores de las coimas estaría el abogado Mauricio Cort, a quien las autoridades identifican como testaferro del expresidente Ricardo Martinelli, quien ha negado estos señalamientos.
En su auto, el fiscal explica que en la trama corruptiva participaron varios altos directivos (actualmente cesados) de estas sociedades en los acuerdos de presunta corrupción respecto a obras de infraestructuras que fueron licitadas en Panamá.
Los exdirectivos investigados participaron en los contratos denunciados y encubrieron pagos de coimas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.
Para mantener ocultos los destinatarios de las comisiones las mercantiles de FCC se habrían servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.
Según la tesis de Moreno, se obtuvieron fondos para pagar coimas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. Entre los receptores de las comisiones estaría un testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.
