La Justicia nicaragüense programó para el 28 de marzo el inicio del juicio al obispo Rolando Álvarez, acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad de Nicaragua, informó este viernes el Poder Judicial.
La jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, estará a cargo del juicio contra el jerarca, quien se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado y es el primer obispo arrestado y acusado desde que el exguerrillero sandinista Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
Según el expediente judicial del caso, el abogado Norvin Danilo Cruz Ponce, en representación de la Fiscalía, presentó el martes pasado el escrito de intercambio de información y pruebas a la jueza Tardencilla.
En tanto, la defensa técnica del obispo Álvarez solicitó a la judicial una copia del documento.
Entre los 12 testigos que declararán contra el obispo, muy crítico con el Gobierno de Ortega, se encuentran tres policías, dos trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas, según los datos generales del asunto publicado por el Poder Judicial.
PRIMER OBISPO ARRESTADO Y ACUSADO EN NICARAGUA
El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.
El prelado fue llevado sin su vestimenta religiosa a la audiencia inicial, celebrada en el Complejo Judicial de Managua, el pasado 10 de enero.
Álvarez Lagos, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua.
Fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque no ha ofrecido pruebas.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58.5% de los 6.6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.