La Fiscalía de Perú anunció este jueves 5 de enero que llegó a un acuerdo preliminar con la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos en varios países para ganar obras públicas, y se comprometió a suministrar información y a devolver 8.8 millones de dólares como parte de las ganancias ilícitas que obtuvo en el país.
“Luego de varias semanas de intensa negociación, la Fiscalía suscribió un convenio preliminar con la empresa Odebrecht para agilizar la obtención de información de las investigaciones”, señala el comunicado de la Fiscalía de Perú.
En este convenio la empresa “se compromete entregar a la fiscalía información y documentación relevante que le sea requerida, además, la firma abonará en los próximos días la suma de 30 millones de soles (unos 8.8 millones de dólares), como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas que obtuvo en la construcción de obras públicas”, se detalla en la nota.
Odebrecht Perú confirmó en un escueto comunicado el convenio preliminar y reiteró “su compromiso de cooperación con las investigaciones de la fiscalía en el país”.
La fiscalía explica que en las negociaciones que realizó Odebrecht con Brasil, Estados Unidos o Suiza “no se hizo efectivo este tipo de adelanto (de dinero), lo cual en nuestro caso fue una exigencia para iniciar las conversaciones”.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo de investigación de los sobornos de la empresa brasileña, adelantó que el dinero será depositado en las cuentas del Estado peruano.
Odebrecht es investigada desde noviembre por el presunto pago de sobornos. La empresa reconoció –según informó la justicia de Estados Unidos– que pagó 29 millones de dólares a funcionarios del Estado peruano a cambio de lograr contratos para obras entre los años 2005 y 2014.
El período que señala el informe abarca las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Odebrecht participó en más de 40 proyectos de inversión en el periodo investigado (2005-2014) en Perú, cuya ejecución implicó más de 12 mil millones dólares de gasto público.