La fiscalía allanó el jueves 7 de diciembre dos locales en Lima del principal partido político opositor de Perú, Fuerza Popular, en torno a un caso de lavado de activos durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
El procedimiento, autorizado por el juez Richard Concepción, se cumplió en las sedes de esa agrupación política ubicada al norte y centro de la capital peruana.
A la misma hora, la líder de ese partido e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) acudía a la fiscalía. El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimpe, aseveró que “nuestros libros contables están en el despacho del señor fiscal... en este momento están revisando papel por papel, buscando los libros contables”.
El partido fue vinculado a esta investigación de lavado de activos por una anotación de Marcelo Odebrecht, máximo ejecutivo de esa empresa brasileña, que tejió una red de sobornos en diez países latinoamericanos y dos africanos. Tal anotación hallada en el teléfono celular de Odebrecht decía “aumentar a Keiko a 500 y hacer una visita”.
A partir de aquello, la fiscalía abrió la investigación por la sospecha de que esa empresa financió las campañas electorales de Fujimori en 2011 y 2016. El presidente Pedro Pablo Kuczynski aseveró que la orden de allanamiento lo tomó por sorpresa y sugirió que el procedimiento no respetó el debido proceso.
“Me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento esta mañana en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso. Y no lo digo para congraciarme con el Congreso, lo digo porque si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente”, añadió en un acto oficial.