La Fiscalía ordenó “iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata” por las denuncias de un posible espionaje a la Corte Constitucional de Colombia, ante las denuncias de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados.
Así lo comunicó este sábado la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tras conocerse, por medio de una investigación del diario El Tiempo, que los magistrados le habían transmitido información sobre un posible espionaje a los jueces, lo que no sería algo nuevo en el país donde ha habido varios casos de espionaje en el sistema judicial.
“La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema asuma de manera inmediata la investigación por la denuncia recibida esta semana en la Corte Constitucional, que da cuenta de presuntas interceptaciones y… pic.twitter.com/FZZq1nhJS4
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 22, 2024
Según El Tiempo, en la reunión “se habló de presuntos seguimientos, de espionaje a temas de fondo que se vienen discutiendo y de presuntas interceptaciones ilegales” y le pidieron a la Fiscalía de forma oficial que verifique “si es cierto que desde hace meses se desplegó una labor de inteligencia contra miembros de la Corte”.
Entre las posibles pruebas hay información de presuntas escuchas con interceptación a celulares de magistrados y otros funcionarios con información de procesos sensibles y bajo reserva.
La Fiscalía rechazó “cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias” y negó haber “divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional”.
Las ‘chuzadas’ del DAS
El caso de las “escuchas ilegales” o “chuzadas” fue un escándalo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), después de que se conociera que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptara teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.
Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.