La Fiscalía de Bolivia calificó este martes como “político y parcializado” el comunicado de una oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ratificó su visión de que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2019.
“El Ministerio Público no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado”, afirmó en una rueda de prensa el secretario general de la Fiscalía nacional, Edwin Quispe.
La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la organización dijo el lunes que “reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2019 en Bolivia” sobre “una manipulación dolosa”.
El informe de auditoría de 2019 apoyó la versión de los opositores que denunciaron que el entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el poder hasta 2025.
Esa oficina de la OEA también puso el lunes en tela de juicio un informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que descartó manipulación de votos en 2019 en favor de Morales. El estudio fue usado por la Fiscalía para cerrar una investigación sobre fraude electoral que apuntaba al exgobernante indígena.
Quispe fue claro al expresar la posición de la Fiscalía: “Vamos a ser claros, para el Ministerio Público este es un tema resuelto y no entraremos al debate con nadie”.
Las elecciones de octubre de 2019 desencadenaron violentas protestas opositoras en Bolivia que dejaron 35 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras el oficialismo dijo que todo fue parte de una estrategia “golpista”.
En medio de protestas callejeras, los militares y los policías le retiraron apoyo a Morales y tuvo que dimitir en noviembre de ese año, para salir a México como exiliado.
La Fiscalía acusa a la oposición de derecha y centro de cometer un golpe de Estado y encarceló en marzo pasado a la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, sucesora de Morales.
El oficialismo también dice que del complot fueron parte la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la OEA y los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno.
