El Ministerio Público de Perú abrió este viernes una investigación preliminar contra la congresista conservadora Heidy Juárez por hacer cobros irregulares a sus trabajadores, un caso similar al de otras tres parlamentarias que están siendo investigadas.
“(La) Fiscalía de la Nación (general) abrió investigación preliminar contra la congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.
Agregó que la investigación también alcanza a Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor principal de Juárez, como presunto cómplice.
El semanario “Hildebrandt en sus trece” reveló en un reportaje publicado en marzo pasado que cuatro trabajadores acusaron a Juárez, del partido derechista Podemos Perú y presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, de exigirles pagos a través de su asesor.
Las personas afectadas señalaron que Chafloque les reclamaba cobros mensuales que oscilaban entre los 200 y los 1,000 soles (entre 53 y 265 dólares) de sus suelos como integrantes del grupo de trabajo que la congresista encabeza.
Juárez se suma así a la lista de las legisladoras Rosío Torres, Magaly Ruiz y Katy Ugarte, quienes también están acusadas de haber recortado los sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos.
Los cuatro casos están en manos de la Fiscalía y serán investigados por la Comisión Ética del Congreso para determinar si proceden sanciones por estos supuestos cobros irregulares.
El delito de concusión contempla una pena de entre 2 y 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
El caso de Rosío Torres, del partido conservador Alianza Para el Progreso (APP), fue divulgado el pasado 2 de abril en el programa “Punto final” de la cadena local Latina, que denunció que obligó al menos a 5 trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a un pariente suyo.
Tras la divulgación del reportaje, la congresista publicó un pronunciamiento en Twitter donde negó “tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, pago alguno a los trabajadores de su despacho”, así como tener “cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados”.
La Fiscalía también anunció este lunes el inicio de otra investigación preliminar contra la congresista izquierdista Katy Ugarte, denunciada este fin de semana por el programa “Cuarto Poder” por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
Según el reportaje, trabajadores de la parlamentaria entregaban entre 300 y 400 soles (79,5 a 95,5 dólares) como un “aporte voluntario” que se destinaba para “mejorar la imagen” de la parlamentaria en medios de la región Cuzco, de la que es representante.
Ugarte negó este lunes las acusaciones y dijo que se siente “tranquila”, tras lo cual pidió que se presenten pruebas de las acusaciones o también tomará acciones legales.
El caso de Magaly Ruiz, de APP, también lo desveló “Punto Final” con el testimonio de un extrabajador del Congreso que denunció que le cobraba 1,500 soles (unos 358,3 dólares) mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria.