El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, aseguró este jueves 13 de febrero que la institución investiga si hubo personas que cometieron algún delito con la irrupción de soldados al Congreso el domingo pasado junto al presidente Nayib Bukele.
En una acción sin precedentes en la vida política del país, soldados del ejército fuertemente armados con fusiles de asalto y polícias antimotines entraron al llamado Salón Azul de la Asamblea Legislativa, antes de la llegada del presidente.
“Hoy por hoy todavía es muy aventurado hablar del cometimiento de un delito en específico. Sí podemos hablar tajantemente de abusos, excesos, y bueno la Fiscalía va a deducir lo que corresponde”, aseguró Melara en una improvisada rueda de prensa, tras una reunión con diputados en el Congreso.
En esa reunión, el fiscal general explicó a los legisladores de la investigación ante una denuncia del mismo Congreso y detalló que de momento la Fiscalía recolecta y depura información.
Tras la reunión con Melara, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró a periodistas que la Fiscalía ha solicitado al órgano legislativo “vídeos” que contengan imágenes de lo acontecido el 9 de febrero.
Ponce agregó que también el fiscal general les informó que en los próximos días algunos diputados “que fueron testigos” serán llamados a declarar ante la sede fiscal.
La profunda crisis política se originó por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que el Ejecutivo requiere para la compra de equipamiento del Ejército y la Policía y que es clave para mantener en marcha un plan en contra de las violentas pandillas.
Al ver frustrada la convocatoria que hizo de una sesión extraordinaria en el Congreso, el domingo Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, para que aprobara el préstamo.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes a Bukele abstenerse de hacer “uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos” y de poner en riesgo la democracia y la separación de poderes en el país.