La Fiscalía General de El Salvador pidió este jueves a un tribunal antimafia que juzgue en un mismo proceso masivo a más de 1,800 personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que suspende derechos constitucionales, a las que acusa de pertenecer a las también llamadas maras.
La entidad de investigación indicó que el proceso penal es contra 1,828 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) y que la solicitud fue hecha ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
“Los terroristas procesados pertenecen a 11 clicas (células), 4 del programa (grupo de células) Porteños y 7 del programa Libertad de la MS13″, publicó en X la Fiscalía.
Agregó que “todos estos pandilleros fueron capturados gracias al régimen de excepción, logrando determinar la jerarquía que tenían dentro de la organización terrorista”.
La Fiscalía apuntó que estas personas serán procesadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio, tenencia ilegal de armas y drogas.
La Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó en 2023 una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, solicitadas por el presidente Nayib Bukele por medio del Ministerio de Justicia, para que se puedan realizar juicios por estructura y no individualmente.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que “estas disposiciones amenazan el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por los tratados internacionales de derechos humanos”.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79,900 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Por el momento, se desconoce cuántas solicitudes de procesos en grupo ha presentado la Fiscalía ante la justicia salvadoreña en el marco de este régimen y solo se ha conocido que el pasado 30 de abril y 14 de mayo se pidió procesar penalmente a 1,589 y a 1,202, respectivamente, supuestos pandilleros de la MS-13.