El gobierno del presidente Alberto Fernández puso en marcha este viernes 13 de diciembre medidas para garantizar en Argentina el aborto no punible, como fijar un plazo de 10 días para realizarlo, sin modificar la ley que prohíbe la interrupción libre del embarazo.
“Los antiderechos siempre usan cualquier tipo de argumentos y hasta la Justicia para que no se cumpla la ley. Esto es sólo una guía o protocolo de procedimientos. Es salud pública, no tiene sentido convertirlo en un debate religioso o político”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García a la radio La Red.
Amnistía Internacional celebró en un comunicado la decisión: “El protocolo no crea nuevos derechos, pero ofrece claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación, además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud”.
Los abortos son legales en Argentina sólo cuando la vida de la mujer esté en peligro o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
“Somos respetuosos [de los médicos] que plantean objeciones de conciencia, pero esto no puede ser una coartada para que las instituciones [sanitarias] no cumplan la ley”, había precisado el ministro en una rueda de prensa.
Un plazo de 10 días se establece para la realización del aborto a contar desde que se solicita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Un proyecto de ley que autorizaba el aborto legal, seguro y gratuito fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2018 pero fracasó en el Senado.
Desde entonces sectores antiabortistas recrudecieron las presiones y trabas para que tampoco se cumpla ley de aborto no punible que rige desde 1921 e incluso hay provincias que se niegan a cumplir la norma.
Fernández anunció que promoverá un nuevo debate sobre el aborto en el Congreso, donde el bloque oficialista es la primera minoría en la Cámara Baja y el presidente tiene mayoría en el Senado.
El ministro admitió que el protocolo ayuda a que “trabajadores de la salud estén respaldados por la ley porque en las controversias [con los antiabortistas] se asustan o intimidan”.
“El protocolo dice qué deben hacer los equipos de salud, las evaluaciones médicas, cuál es la bibliografía a consultar y la medicación que se utiliza”, dijo González, quien es favorable a legalizar el aborto.